Chile y OpenAI firman un acuerdo para explorar el uso de IA en la administración pública
El Ministerio de Ciencia chileno evaluará en qué tareas puede usar estos modelos. El acuerdo también contempla capacitación para funcionarios y apoyo técnico a startups.

El Gobierno de Chile y OpenAI anunciaron el 17 de noviembre un memorando de entendimiento para explorar el uso de inteligencia artificial en el sector público. La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, firmó en representación de Chile durante una conferencia en California, según el anuncio de OpenAI.
El primer ámbito de trabajo será el propio Ministerio de Ciencia. Allí se evaluará en qué procesos administrativos tendría sentido incorporar modelos de IA, con asesoramiento y capacitación para el personal. La firma abre una etapa de evaluación: todavía no define qué herramientas usaría el ministerio ni en qué tareas se probarían primero.
Qué aprenderían los equipos públicos
La capacitación apunta a un problema que aparece incluso en tareas sencillas: una respuesta puede sonar convincente sin ser correcta. Entre las opciones de trabajo figuran talleres ajustados a cada función y la formación de personas que puedan enseñar a sus colegas a verificar resultados, proteger información sensible y mantener la supervisión humana.
Chile ya cuenta con un antecedente. En abril, el Ministerio de Ciencia y el Laboratorio de Gobierno lanzaron Stack Público, un ciclo que reunió a distintas empresas y organizaciones. El programa de sesiones incluyó una clase sobre redacción de documentos y análisis seguro de datos institucionales, y otra con Felipe Millón, de OpenAI.
De la firma a las primeras pruebas
Para las startups chilenas, las partes explorarán mentorías, asesoramiento técnico y acceso a programas y herramientas de OpenAI. También contemplan vincular a los equipos emprendedores con universidades y organismos públicos para desarrollar aplicaciones que respondan a necesidades locales.
El memorando no compromete compras ni inversiones. El próximo paso es elegir las primeras iniciativas: un equipo de ambas partes deberá fijar prioridades, responsables, plazos y criterios para evaluar resultados. Ese plan permitirá ver qué usos merecen una prueba y qué tendría que demostrar cada uno para resultar útil en el trabajo diario del Estado.