CIBERSEGURIDAD

Nuevas reglas de ciberseguridad para infraestructura estatal de telecomunicaciones

En Argentina, la Disposición 7/2026 establece requisitos para el sector público. Las entidades de la industria TIC pidieron revisar el esquema de certificación y su posible extensión.

Conectores de red y placas electrónicas atraviesan un umbral luminoso, como metáfora de la evaluación de seguridad.
Conectores de red y placas electrónicas atraviesan un umbral luminoso, como metáfora de la evaluación de seguridad.

El mismo día en que se publicaron los nuevos requisitos de ciberseguridad para la infraestructura estatal de telecomunicaciones, las entidades de la industria TIC pidieron revisar cómo se acreditaría su cumplimiento. El objetivo de proteger las redes encontró un punto de acuerdo; el mecanismo elegido para certificar esa protección abrió la discusión.

La Disposición 7/2026, publicada el 6 de noviembre, fue aprobada por el Centro Nacional de Ciberseguridad. Alcanza al Sector Público Nacional, incluidas las empresas estatales, y pone el foco en la cadena de suministro del equipamiento de infraestructura crítica de telecomunicaciones.

Ese recorrido empieza antes de que un equipo llegue a una red. Abarca su fabricación y continúa con las actualizaciones que recibe durante su uso, hasta el retiro. La regulación busca controlar los riesgos que pueden aparecer a lo largo de esas etapas, además de considerar la seguridad técnica del producto que finalmente se instala.

La distinción explica buena parte del debate. Evaluar cómo una organización administra a sus proveedores y sus riesgos responde a una pregunta diferente de comprobar las protecciones de un equipo concreto. Ambos aspectos intervienen en la seguridad, pero requieren examinar cosas distintas.

En su comunicado del 6 de noviembre, las entidades empresarias cuestionaron que las exigencias puedan depender de la certificación privada SCS 9001. Solicitaron admitir estándares internacionales reconocidos y abrir un diálogo con las autoridades. El texto oficial justifica esa referencia por su atención a la gestión de la cadena de suministro.

Las cámaras señalaron, además, que las redes reúnen equipos y tecnologías de distintos proveedores. Desde esa realidad plantearon la necesidad de neutralidad tecnológica, alternativas de acreditación y condiciones razonables para incorporar las nuevas exigencias. Son sus objeciones al diseño de la norma y a su posible implementación.

Por ahora, la obligación directa recae sobre el ámbito estatal. Los nuevos procedimientos de compra quedan alcanzados a partir de los 90 días de entrada en vigencia. Para los operadores privados, las exigencias pueden llegar a través de contratos públicos, adhesión voluntaria o disposiciones del ENACOM. La eventual incorporación a las obligaciones de los licenciatarios requiere la intervención de ese organismo: allí se juega también hasta dónde llegará el esquema fuera del Estado.

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